Estar al garete es un término que se utilizó inicialmente en el léxico de la navegación marítima, con el significado de que una embarcación va sin gobierno a la deriva, llevada por el viento o la corriente y coloquialmente significa estar sin rumbo, sin plan definido o fracasar.
Utilizo esta expresión, con pesar, para describir nuestra deplorable realidad. Cada día aumenta la crisis económica, política y social, sin que exista una solución que le garantice a nuestro país tener bienestar social y retomar el camino al desarrollo. En donde podríamos decir, que lo único que abunda en Venezuela es el caos.
Lamentablemente la demagogia y el excesivo gasto público, acompañado de políticas monetarias erradas, han creado una economía totalmente insostenible, debilitando a todo el sector realmente productivo de Venezuela, en donde la inflación se incrementó, a la cual se respondió con un control cambiario y regulación de precios en todos los artículos de primera necesidad. Estas políticas, junto con el descenso de la producción petrolera y su precio en el mercado internacional, llevaron al país a una hiperinflación, que dificulto la compra de materias primas, ocasionado una caída de la demanda de bienes y servicios que, a su vez, minimizo la competitividad de las empresas.
No tiene precedentes el colapso en el que se encuentra nuestra economía, la cual se contrajo un 70% entre 2013 y 2019; y a esto se le suma en el 2020 una reducción esperada del 30%, lo que la ubica dentro de las mayores crisis económicas del mundo y como una de las consecuencias es la carga de la deuda pública, que alcanza el 500% del PIB y representa un reto sustancial en el proceso de recuperación.
Como resultado de este descalabro, se ha originado una enorme caída del poder adquisitivo de los venezolanos; por consiguiente, un aumento de la pobreza, desnutrición, empeoramiento de la situación de salud de la población en general, disminución en la calidad de la educación y de los logros educativos, en conjunto con un aumento de los jóvenes que no estudian ni trabajan, y el proceso de migración que ya supera los 5 millones de personas afectarán el potencial de crecimiento del país.
Además de la violación flagrante por parte del gobierno de todos los Derechos Humanos y tener una crisis humanitaria compleja, la pandemia del Covid-19 que se encuentra en la fase exponencial, ha desnudado las falencias del sistema de salud y el no contar con elementos apropiados para la contención de los contagios y la atención de los enfermos.
Asimismo, las instituciones públicas de Venezuela se han debilitado de manera sustantiva por más de 20 años, lo cual abarca cuestiones relacionadas con gobernanza, ineficiencia y corrupción, han repercutido drásticamente sobre la accesibilidad y calidad en muchos casos inexistentes de los servicios básicos más elementales como agua, gas y energía eléctrica, transporte público, telecomunicaciones, los cuales inciden en la disminución de la capacidad para poder afrontar otros gastos que no sean alimentos y medicinas.
Estamos perdiendo la capacidad de asombro y nada parece sorprendernos en esta degradante espiral de violencia y criminalidad, a las que nos han sometido diariamente las innumerables bandas armadas y grupos irregulares que operan en nuestro territorio extorsionando, secuestrando y asesinando a sus anchas y en donde las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado no nos llevan a la identificación y captura de los criminales por muy exhaustivas que sean, salvo contadas excepciones. Pero tampoco se ve la efectividad de los planes de prevención y vigilancia.
Los problemas de la población no pueden atenderse con acciones aisladas. Independientemente de las aspiraciones del gobierno por mantener el régimen político, es necesario y urgente para el desarrollo del país que se encuentre de nuevo la vía democrática que garantice los mecanismos para que las leyes y las políticas públicas prevalezcan.
No obstante, el gobierno de Maduro está más preocupado por solventar la grave crisis de gobernabilidad para legitimarse y seguir manteniéndose el poder, que por implementar acciones para resolver los problemas que se han agudizado debido a una pésima gestión del gobierno y la denuncia de un fraude electoral, suficientemente probado, con la participación inclusive de partidos democráticos secuestrados tomados por el régimen, pretendiendo celebrar el 6 de diciembre, sin ninguna garantía democrática y no reconocido por la mayoría de gobiernos democráticos del mundo, crea tal grado de ilegitimidad que difícilmente un gobierno, en esas condiciones, puede subsistir.
Pero de darse un proceso de transición pacífico y ordenado en Venezuela posibilitaría tomar las medidas necesarias para enfrentar de manera eficaz los retos que enfrenta el país. Esto permitirá la mejora en la calidad de vida y la recuperación de la economía luego de muchos años de la destrucción económica.
Dada la dimensión de los retos, es necesario enfocarse en planificar la secuencia de políticas públicas que permitan, en una primera fase, centrarse en la emergencia y lograr recuperar la institucionalidad necesaria para, luego de estabilizado el país, poder adelantar con el proceso de reformas y consolidar un modelo de libertad, responsabilidad y plena vigencia de los derechos humanos con oportunidades para todos, podremos alcanzar el progreso y el desarrollo de nuestra Venezuela.
Arq. Abg. José Antonio Robles