Veppex rechazó el acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela

Comunicado

En rechazo al Acuerdo del 01/10/2019, de la

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Nosotros, quienes suscribimos este comunicado, miembros activos de la sociedad venezolana que forma parte de la diáspora o exilio, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional a fin de expresar nuestro más contundente rechazo al Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, fechado 1 de octubre de 2019, denominado “Acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país”.

El referido Acuerdo confunde la insoportable situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufren los venezolanos, con una simple “polarización política extrema”, cuando lo cierto es que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado fallido y patrocinador del terrorismo. Esto último quedó fehacientemente demostrado por el Canciller colombiano, Carlos Holmes, en el marco de la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 11 de septiembre de 2019, reunido por la necesidad de reactivar el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (“TIAR”), para su aplicación a Venezuela. En un Estado fallido no existe la institucionalidad, ni mucho menos el poder coercitivo para hacer cesar una usurpación. No hay “polarización”. Hay un aparato Estatal que ataca de diversas formas -incluyendo la armada-. a civiles desarmados.

Los Estatutos del denominado “Partido Socialista Unido de Venezuela” hacen referencia expresa a su condición armada y su máximo líder, Nicolás Maduro, se declaró aliado de la “disidencia de las FARC”, que ha decidido retornar a la lucha a través de las armas. Por eso, los diputados electos por ese partido no pueden ser tenidos como legítimos, como plantea el Acuerdo. Son un brazo ejecutor adicional de las políticas terroristas del principal -más no el único- usurpador (Nicolás Maduro).

En este contexto es imposible “rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina nuestra Constitución”, como reza el Acuerdo aprobado. La propia institución “Asamblea Nacional” -como cualquiera otra que ésta designe- es ahora una mera ficción de institución, porque sin el auxilio de la fuerza, los diputados de esa Asamblea Nacional no pueden ejercer la coerción que garantice el ejercicio efectivo y sustentable del poder que les dio el pueblo.

La prueba es que perdieron la mayoría calificada que lograron en las elecciones parlamentarias de 2015. Igual ocurrió a Gobernadores y Alcaldes opositores, con triunfos reconocidos incluso por el CNE usurpador. Han visto arrebatado, mediante vías de hecho o la manipulación del Poder Judicial, el poder político que habían logrado por voluntad del pueblo. Casos para citar, sobran. Los más emblemáticos los del Alcalde Antonio Ledezma, el Alcalde Daniel Ceballos, el Alcalde Warner Jiménez, el Alcalde Delson Guárate y el Gobernador Juan Pablo Guanipa.

En Venezuela no habrá elecciones libres ni justas mientras las armas sigan siendo detentadas por los usurpadores. Por ello, la sola desincorporación de Nicolás Maduro no equivaldría jamás al “cese de la usurpación” ofrecida por el Presidente (e), Juan Guaidó como el primer paso en la ruta hacia la democratización de Venezuela,.   

El Acuerdo dice que la negociación política es “mecanismo necesario y respaldado por la comunidad internacional”. Pero ni siquiera la totalidad de los diputados legítimos y opositores avala ese mecanismo. Los diputados de la llamada “Fracción 16 de Julio” declararon que ese Acuerdo de la Asamblea Nacional “está destinado a frenar el avance de la ruta de la fuerza, después del paso dado por los ciudadanos y los aliados para reactivar el TIAR”. Nosotros compartimos ese criterio.

Venezuela ha sido saqueada por quienes, además de eso, han cometido crímenes horrendos que conmueven nuestra conciencia. Cogobernar con ellos, aparte de ser inmoral, jamás resolvería la crisis y nos convertiría en sus cómplices, contribuyendo a dar perpetuidad la condición de Estado fallido. Por ello, no podemos sino manifestar nuestro más absoluto rechazo al Acuerdo en referencia y nuestra más honda preocupación si se insiste en que ese Acuerdo fije el destino de nuestra patria.