Por: Julio César Castellanos Lozada
Tras convertirse el régimen venezolano en una dictadura descarada, destruyendo el sistema electoral venezolano, ilegalizando partidos, inhabilitando líderes de oposición y reprimiendo violentamente a sus críticos, el único respaldo del cual hace mano Nicolás Maduro para mantenerse en el poder han sido las Fuerzas Armadas.
Esto es un clásico en América Latina, sin embargo, no deja de ser dramático visto sus efectos. Aunque el juego político ha cambiado en los últimos días. La farsa electoral del régimen con la que Maduro pretende mantenerse en el poder, no goza de credibilidad, ni dentro ni fuera del país.
En tal sentido, la Asamblea Nacional, único poder autónomo, independiente y elegido en elecciones reconocidas, tiene la facultad constitucional de asumir, desde el pasado 10 de Enero, el vacío de poder legítimo, indicando que, de no ser así, Nicolás Maduro se encuentra usurpando el poder. Un autócrata para más detalles. A esos efectos la Asamblea Nacional cuenta con apoyo rotundo de la comunidad internacional.
Un evento, que por lo reciente es difícil evaluar a la totalidad sus consecuencias, fue el ocurrido este domingo 13 de Enero. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y siguiente en la sucesión presidencial referida, se dirigía a un evento público cuando fue abruptamente detenido por la policía política, el temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Minutos después, se anunció su liberación.
El Ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, declaró que el “evento irregular” fue producto de una acción autónoma de unos efectivos particulares y que estos serían investigados y destituidos. Las declaraciones de Guaidó fueron distintas: “Logré safarme del secuestro porque les hablé a los funcionarios del perdón y el salvoconducto a quienes se pongan del lado de la constitución. Hay funcionarios que creen en Venezuela, la cadena de mando esta rota”.
Este evento solo puede interpretarse a la luz de comprender como viable la hipótesis de que las fuerzas represivas del régimen venezolano se encuentran en una disyuntiva que les hace actuar confusamente, entre órdenes y contraórdenes.
Hay quienes desean poner preso a Guaidó y otros que lo reconocen como Presidente de Venezuela, como dicta la Constitución y a la cual todos los militares al graduarse le rinden juramento de fidelidad. Los militares son, de conformidad con dicha Constitución, una institución al servicio de la República y no a parcialidad alguna.
Hoy la parcialidad da órdenes de usurpación y la República demanda obediencia a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Ese es el dilema de los hombres uniformados.
Una vez liberado Guaidó, tal como se dieron las cosas, hay más esperanzas en una solución. Ahora, cualquier efectivo militar que reciba una misteriosa orden de aprehensión contra Guaidó, contra algún otro diputado, o activista político de oposición, lo pensará dos o tres veces. Obedecer puede implicar una destitución, no obedecer también, aunque en el segundo caso tendrá una defensa sólida: “Decidí no obedecer una orden que violaba derechos humanos internacionalmente reconocidos”.