Al gobierno de Nicolás Maduro aún no le hacen daño y la desborda crisis venezolana continua con su onda expansiva; mientras tanto, se rompe el orden jurídico en materia migratoria en Latinoamérica.
Voluntaria o no, la expulsión de 82 venezolanos en Trinidad y Tobago, más los anuncios de República Dominicana, la nueva visa en Chile, la postura de Panamá y la contrariedad a la que se enfrenta Brasil, plantea un panorama político social que no sólo con fondos internacionales se va a solucionar y que no abordaron en la Cumbre de las Américas.
Alimentación, salud y educación son derechos básicos del inmigrante y tanto la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se han trazado no repetir errores como con Siria y la África subsahariana en Europa. Sin embargo, estos organismos, el bloque europeo y Estados Unidos se enfrentan a un dilema mayor: con poner la plata no basta.
Un joven inmigrante me preguntó -¿Por qué Colombia recibe tantos recursos internacionales para atender la crisis? La respuesta es simple -el que no llora, no mama; pero ya lo explicaba en el artículo «A Colombia le tocó la peor parte».
Estamos hablando de países pobres recibiendo pobres. Es inevitable que surja aporofobia ante un escenario de desigualdad. Por ejemplo, dos refugios que aspiran construir en Riohacha (Colombia) en unos terrenos que estaban destinados para cimentar una escuela a la que nunca el Gobierno ha asignado recursos.
Sin poner en tela de juicio la voluntad política de los países y sus líderes, hay que estar claro que la corrupción puede llegar a carcomer todos los esfuerzos humanitarios. Y sino ¿por qué los países nórdicos le están preguntando a Colombia por los fondos que dieron para el postconflicto?
Por loco ha quedado Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, y sus declaraciones, casi una cachetada a instrumentos migratorios como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) del que aún no hay medición de sus efectos y funcionamiento. Otorgar plena ciudadanía a los inmigrantes es un diluvio en el que nadie se quiere ahogar, pero llegará el momento cuando esos derechos tengan mayor valor que los derechos de refugiado.
Cada que una nación se pone estricta con el tema migratorio nacen las acusaciones. Bien conocida es la relación de la isla trinitaria con la revolución bolivariana. El debate de la legalidad va más allá de compartir el pan con otros. La obligatoriedad en garantías para el bienestar y desarrollo social empiezan a dar urticaria.
Eso de tener a la migración venezolana en una cajita de cristal desmonta la desigualdad que impera en la región; también le está dando oxigeno al heredero de Chávez. Nadie ha pensado si la dictadura venezolana perdura más de 60 años como la de los Castro en Cuba. Simplemente se sueña con que un día caiga el régimen de Maduro y todo mundo regrese a su casa a ser feliz.