La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, en nombre de su gremio rechazó de manera categórica el pírrico aumento salarial decretado el pasado viernes por el usurpador Nicolás Maduro, asegurando que el mismo no cubre ni los gastos de transporte público para trasladarse a los sitios de trabajo.
“Las enfermeras ganan como mucho 800 mil bolívares, cuando en transporte gastan mensualmente más de un millón de bolívares. En la ruta de Guarenas a Caracas el pasaje es de 15 mil bs, multipliquen eso por los 30 días en promedio que tiene un mes y por las dos veces diarias que una persona usa el transporte. Este aumento es una burla y por eso los 35 colegios de enfermeras que hacemos vida en Venezuela no estamos obligadas a seguir prestando nuestro servicio”.
La representante sindical aclaró que a las protestas y suspensión de actividades se sumarán todos los gremios del país, no sólo enfermería. “Estamos trabajando de manera articulada, porque aprendimos el pasado 05 de enero, con el gesto histórico que hicieron nuestros 100 diputados de la Asamblea Nacional, que cuando trabajamos juntos todas las puertas se abren y los objetivos pueden lograrse”.
Contreras catalogó como una “Desfachatez” del régimen usurpador, hablar de mejoras en salud, cuando a su juicio el servicio hospitalario está en crisis. Se refirió a los casos de los Hospitales JM de los Ríos y la Maternidad Concepción Palacios, donde atienden en condiciones precarias a una población vulnerable como lo son niños y mujeres embarazadas.
“En cifras ustedes puedes hablar de una victoria, pero la realidad que viven a diario los pacientes cuando necesitan atención médica y tienen que ir a un hospital no se puede ocultar. Al Hospital de Los Magallanes de Catia le dicen la morgue por la cantidad de muertes que ocurren, el Pérez Carreño ayer no tenía agua y querían que las enfermeras nos pusiéramos a cargar tobos de agua para trabajar cuando eso es responsabilidad del hospital; y la unidad pediátrica de cardiología del JM de los Ríos hace semanas tuvo que cerrar sus puertas. Cómo quedan los niños que necesitan un trasplante de órgano para salvar sus vidas en cifras”.
Finalmente, recordó que el derecho a la vida y a la salud es responsabilidad del Estado y no se resuelve con cifras, sino con hechos. “Escuchar a Maduro pedirles a las clínicas que asuma lo que le corresponde al Estado es un acto de irresponsabilidad. Día a día se mueren nuestros niños, las mujeres embarazadas están dando a luz afuera de los hospitales porque no hay insumos, ni siquiera para desinfectar, eso coloca en riesgo no solo a los pacientes sino también a los trabajadores de la salud y eso no se puede tolerar más”.