En nombre de la Directiva Nacional de COPEI, Mercedes Malavé condenó enérgicamente la decisión de la Contraloría General de Venezuela, de “inhabilitar” a Juan Guaidó del ejercicio de cargos públicos por 15 años: “Es alarmante que el mismo día en que el Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, reunido con tres países de Latinoamérica, insistieron reiteradamente en la necesidad de buscar una solución pacífica, democrática, constitucional y venezolana a la crisis política que atraviesa Venezuela, el exdiputado Elvis Amoroso haya inhabilitado, arbitrariamente, a Juan Guaidó. No es la primera vez que el régimen recurre a este mecanismo para librarse de una contienda electoral con líderes opositores que se han ganado el respaldo popular”.
La dirigente nacional resaltó la naturaleza política viciada de esta decisión, sin el debido proceso: “Una vez más, demuestran arbitrariedad y provocación. Ellos saben que cualquier decisión que obstaculice, aún más, el camino electoral, es una amenaza de violencia, de guerra, de confrontación y de aliento a salidas de facto. Como lo afirma la declaración de Quito publicada el 28 de marzo “estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela”.
Por último, la dirigente de la tolda verde destacó el desempeño de Guaidó en unión con los máximos representantes de las toldas políticas: “En el seno de la Asamblea Nacional se ha ido gestando un espíritu de cuerpo, de unidad. Los ciudadanos han acogido con esperanza el mensaje de Guaidó y han correspondido a sus llamadas. Toca articular en cada municipio, en cada parroquia una fuerza democrática que sea capaz de promover y cuidar el voto en el momento en que las negociaciones políticas cristalicen en una salida electoral”.
Con respecto a las sanciones económicas afirmó: “Nos preocupan. Nos inquietan porque no afectan a los corruptos sino a toda la población. En Venezuela se acabó la calidad de vida, y es probable que las cosas empeoren. Estamos analizando con expertos experiencias internacionales y mecanismos para paliar el efecto de las sanciones económicas en la población. Claro, todo se resolvería mucho más rápido si hubiese un mínimo grado de acuerdos aunque sólo fuera para abordar el problema humanitario. La tragedia nacional que estamos padeciendo se concreta en 30 millones de personas con nombre y apellido que están viviendo en condiciones asfixiantes. A este flagelo hay que ponerle una atención prioritaria.