Actuación de organismos públicos alteró el resultado de las elecciones

De acuerdo al informe final presentado por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación existieron antes, durante y después de la realización de las elecciones de gobernadores del pasado 15 de octubre, serias irregularidades que vulneraron los principios fundamentales que deben caracterizar un proceso comicial de este tipo, con lo cual se impidió que se manifestara verdaderamente la voluntad de los votantes.

El proceso en su conjunto no satisfizo los requerimientos universalmente aceptados, para que un evento comicial pueda ser considerado genuinamente democrático, como es que sea inclusivo, limpio y competitivo y que constituya el principal medio de acceso a los cargos públicos, destaca el documento.

De acuerdo al estudio, hubo diversas medidas irregulares en que incurrieron las autoridades desde el inicio del proceso, cuyo impacto impidió que los resultados fuesen un reflejo fiel de la decisión de los electores.

Retrasos, cambios e informalidad en preparación al proceso

En este informe, se recuerda que la elección tuvo lugar en el marco de un tenso contexto social y político, signado por una profunda crisis económica, los reclamos del sector opositor por la suspensión del proceso de referendo revocatorio presidencial; la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) obviando el requisito constitucional de convocatoria por el pueblo soberano; el virtual desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN) por parte de los otros poderes del estado y la exigencia de nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así mismo, el texto señala que, durante la etapa de preparación de la elección, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la ANC, tomaron decisiones que vulneraron seriamente los derechos, tanto de los electores, como de las organizaciones políticas participantes.

Entre otros, la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación destaca la medida tomada por el CNE que puede ser relacionada con la elección fue el proceso de legitimación de partidos políticos, como consecuencia del cual, de las 59 organizaciones políticas participantes fueron eliminadas 42, entre las había varias con representación en la Asamblea Nacional y en alcaldías.

También destaca el hecho de que esta elección, por norma constitucional, ha debido ser convocada por el CNE, junto con la de los Consejos Legislativos Estadales, en diciembre del 2016, y fue pospuesta, contraviniendo lo establecido en el artículo 160 de la Constitución.

La drástica reducción de los lapsos para el cumplimiento del cronograma tuvo como consecuencia, entre otras, la eliminación la acostumbrada y muy necesaria Campaña Institucional, destinada a dar a conocer a los electores las características del proceso, la forma de votar y la ubicación de los candidatos y partidos participantes en la boleta electoral.

No hubo igualdad de condiciones para participantes

Por otro lado, ante la decisión del CNE del 7 de agosto del 2017 de no permitir la inscripción de candidaturas en los estados Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no utilizar su tarjeta, que en las elecciones parlamentarias de 2015 fue la opción más votada, ante el temor de que ésta fuese posteriormente inhabilitada. Esta decisión llevó a la oposición a participar con desventaja en la contienda electoral.

Además, el CNE no permitió a los partidos postulantes la sustitución de candidatos que habían desistido de participar en las elecciones, contraviniendo con ello los artículos 62 y 63 de la LOPRE, que permiten hacer la sustitución hasta diez días antes de la celebración de la elección. Esto ocasionó la permanencia en la boleta de votación de personas que no participaban en la contienda electoral, con la consiguiente confusión de un conjunto de electores, que puede haber sido crucial en el resultado de la elección en algunos estados.

Por diversas razones, todas de dudosa legalidad, tanto la Contraloría General de la República como el TSJ, han inhabilitado a un grupo de ciudadanos, impidiéndoles su derecho a participar en competencias electorales, agrega el informe.

A apenas tres días de la celebración de la jornada electoral, el CNE comenzó un procedimiento de reubicación de un conjunto de centros de votación, donde votaban más de 700 mil electores, que se prolongó hasta a escasas horas de la votación. Los electores no fueron informados debidamente y a tiempo sobre los cambios realizados. Esto generó inconvenientes a los votantes.

Durante la campaña electoral fue evidente el uso masivo de recursos públicos a favor de los candidatos oficialistas en todos los estados. Los medios de comunicación públicos fueron utilizados casi exclusivamente por candidatos oficialistas para su promoción, en flagrante violación del mandato legal de igualdad de acceso a los medios de comunicación social.

Decisión de los electores no fue respetada

A lo anterior se suman la serie de irregularidades que se cometieron durante la jornada electoral, como pone de manifiesto la información recopilada durante la observación electoral, y los actos de desconocimiento de los resultados de la elección que se presentaron posteriormente.

En este sentido, el documento señala que no se respetó la decisión expresada por los ciudadanos mediante el sufragio, que debe ser el principal medio de acceso a los cargos públicos, al exigir a los candidatos electos cumplir con una exigencia que no figura en ninguna ley, como fue la juramentación ante la ANC y anular la elección de uno de ellos, el gobernador electo del Zulia, por no someterse a esa ilegal exigencia.

Adicionalmente, los cargos asumidos por los candidatos ganadores de la oposición en los estados Táchira, Mérida, Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta sufrieron menoscabo de sus funciones y recursos, al disponerse en ellos la intervención de las policías; al trasladar funciones al gobierno central en el Táchira y con el nombramiento en los estados Zulia, Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta de nuevos funcionarios denominados protectores, que interfieren las funciones de los gobernadores.

“Por todas estas razones la Red de Observadores Electorales de Asamblea de Educación considera que la elección de gobernadores realizada el 15 de octubre, no puede ser considerada un proceso electoral democrático, ni sus resultados reflejo fiel de la decisión de los electores”, finaliza el informe.