Niños Niñas y Adolescentes “El nuevo claro oscuro de Venezuela”

Corina Cortés | Internacionalista

Este 29 de Enero la Organización de las Naciones Unidas a través de su portal de noticias emitió un comunicado donde se presentaban cifras del “Alto Comisionado para los Derechos Humanos” en relación a las protestas ocurridas en Venezuela en los últimos días; el resultado, 40 personas muertas y 850 personas detenidas. Lo más alarmante de ello es que de esas 850 personas al menos 77 son menores de edad y algunos no alcanzan los 12 años; y hago uso de esta base de datos porque la ONU con todo y sus matices es la que cuenta con mayor imparcialidad al momento de manejar indicadores a nivel mundial.

Esto podría ser hasta ahora, uno de los momentos más oscuros de la actual administración venezolana pero también el más claro ya que la situación pone en evidencia las verdaderas intenciones de un Estado que hasta los momentos defiende su talante democrático, respetuoso, libre, participativo y soberano.

Estos 77 menores de edad que fueron detenidos durante las protestas y acusados de terrorismo son los que pueden dar una clara muestra de que el gobierno respeta la voluntad del pueblo, pero del que lo sigue y, mas allá de ello, que aparentemente no recuerda todo el compendio de leyes que creó supuestamente para proteger a las futuras generaciones que son quienes están destinadas a heredar el patrimonio de la nación.

En todos los casos durante las protestas ha habido detenciones arbitrarias y violación sistemática de los Derechos Humanos pero en el caso de estos menores la realidad adquiere un matiz un poco más peligroso y desolador ya que la República Bolivariana de Venezuela es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño primera Ley Internacional de carácter obligatorio y la cual compromete a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad sino que creó la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente.

Preocupa enormemente que se haya dado una detención arbitraria ya que esto es una clara violación del Artículo 37 de la Convención donde se exige que la detención y el encarcelamiento se haga de conformidad con la ley y el debido proceso y que además debe ser considerado el último recurso; esto trae consigo la prohibición de la tortura y el derecho del menor a ser tratado con dignidad. En este mismo artículo se hace hincapié en el derecho inalienable que tiene el menor a hacer valer todos los derechos judiciales que tiene incluyendo el derecho a impugnar los delitos que se le imputan. Aquí, estamos hablando de menores de edad que están siendo acusados de terrorismo “Touché” que fácil es transformar una protesta en un atentado contra la seguridad nacional.

El Estado venezolano también parece olvidar que se comprometió a obedecer que, en caso de menores, la administración de justicia no imputaría como delito aquellas acciones que estén establecidas en las leyes nacionales y que el primer principio que habría de regir ese procedimiento sería la presunción de inocencia. Es decir que entre el 23 y 29 de Enero, 77 menores han sido acusados por delito de terrorismo – es decir un delito de alta criminalidad – y además hasta ahora no ha habido pronunciamiento acerca de su liberación.

Pero mas allá de la Convención, si nos vamos hacia la norma interna la LOPNA en su artículo 83 establece el Derecho a Manifestar dentro de los límites legales, en el artículo 80 se indica que el menor tiene el Derecho a Opinar y ser Oído y esto se complementa con el artículo 67 donde se recopila todo lo relacionado con la Libertad de Expresión. Es decir que, en cinco días, el Estado Venezolano ha violado los Tratados Internacionales en relación a los Derechos del Niño, La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a los Derechos y Garantías Constitucionales que hacen referencia al Derecho a la Protesta y, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente todo esto bajo la premisa de que un grupo de menores muchos de ellos no mayores de 12 años son terroristas.

Esto arroja unas conclusiones irónicamente interesantes en cuanto a la administración. La primera, si estos menores de edad tienen armas y recursos suficientes para ser acusados de terroristas el gobierno ha sido completamente ineficaz e ineficiente en el cumplimiento de su deber de aportar seguridad a la nación y por lo tanto podría ser acusado de complicidad para delinquir. Segundo, si estos menores de edad fueron detenidos sin seguir el debido proceso está violando todas las normas internacionales, constitucionales y nacionales incurriendo entonces en un Estado de Facto pasivo ya que se está yendo en contra de sus propias normas; por lo tanto, ese lado oscuro es el lado más claro y evidente de su real gestión.

Tercera y última, definamos el terrorismo, y me acojo a lo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2004 terrorismo son… «actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo». Hago referencia a esto porque es importante la claridad al momento de contextualizar una realidad y no dejar un espacio en blanco.

Por lo tanto, la pregunta debería ser ¿Quién es el terrorista aquí?
Como siempre no quiero cerrar este artículo sin colocar dos reflexiones
“Nadie puede aterrorizar a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos sus cómplices” Edward R Murrow

‘La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices’ (Albert Einstein).
MSC Corina Helena Cortés Oliveros
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